lunes, 3 de octubre de 2011

La Criminalidad - Columna El Vocero

Por:      Pedro R. Pierluisi – Comisionado Residente 


Estamos viviendo en tiempos de retos económicos y sociales donde la criminalidad, particularmente el número de asesinatos, se encuentra en niveles inaceptables.  Es este el mayor problema que enfrentamos actualmente y la solución requiere acciones concretas de nuestro gobierno, el gobierno federal y todos los sectores de nuestra población.

Es necesario que evaluemos el problema de la criminalidad a base de sus diferentes aspectos a corto, mediano y largo plazo.  El énfasis en educación, prevención, tratamiento y consejería es tan importante como fortalecer y reformar nuestro sistema de justicia así como reclamar mayor apoyo de las autoridades federales.

Una sociedad educada con mayores opciones de desarrollo personal y profesional genera un ambiente de ley y orden.  Tenemos que continuar mejorando nuestro sistema educativo y motivando a nuestros jóvenes a prepararse para el futuro.  La administración del Gobernador Fortuño ha  tenido grandes avances en esta área, logrando sacar al Departamento de Educación de la probatoria que le había impuesto el gobierno federal.  Al mismo tiempo ha iniciado proyectos de remodelación de planteles escolares para que nuestros estudiantes tengan la tecnología y las facilidades físicas que se merecen.

Por otro lado, las actividades extra-curriculares sirven para ocupar a nuestros jóvenes en eventos sanos que los mantienen alejados de las malas influencias.  Iniciativas como los torneos deportivos que lleva a cabo el Departamento de Recreación y Deportes son un ejemplo de lo que debemos hacer para fomentar los deportes, las artes y el voluntarismo, entre otros. 

La Oficina de Ética Gubernamental es la agencia líder del programa de Tus Valores Cuentanque también está llegando a nuestros estudiantes y sus padres con miras a atender nuestros problemas sociales.  Por años se había hablado de fomentar este tipo de iniciativa y ya era hora que se hiciera. 

De igual manera, la Red de Apoyo Social, compuesta por múltiples agencias del gobierno, establece programas preventivos y de consejería a familias susceptibles a la violencia doméstica, el abuso de sustancias controladas, el alcoholismo, el maltrato de menores y la deserción escolar.  Además, MiSalud ha comenzado a cubrir condiciones de salud mental y de drogadicción utilizando la buprenorfina.  Y hay que asegurar la intervención temprana del Departamento de la Familia  en los hogares necesitados y recabar toda la ayuda disponible en las instituciones sin fines de lucro y de base de fe si queremos prevenir gran parte de la criminalidad que nos azota. 

Desde la perspectiva de ley y orden, también debemos redoblar esfuerzos.  El enfoque salubrista debe traducirse en ampliar las salas especializadas de casos de drogas y de violencia doméstica, y en fomentar programas de desvío con el objetivo de cortar el ciclo de violencia.  Asimismo, debemos aumentar el patrullaje preventivo en aéreas de alta incidencia criminal, reinstituir la policía comunitaria en áreas residenciales, dar mayor énfasis al esclarecimiento y procesamiento de los casos de violencia, y mejorar la coordinación entre la policía y los fiscales y procuradores del Departamento de Justicia.

Sin embargo, según lo acaba de demostrar el Informe del Departamento de Justicia federal, nuestra policía requiere de una reforma real y permanente que corrija las serias deficiencias estructurales y sistémicas que le aquejan desde hace décadas.  La realidad es que la policía necesita mayores recursos, mejor adiestramiento, más equipo y tecnología, y una justa compensación.  Hace meses que la presente administración ha estado desarrollando un plan estratégico para atender las necesidades del cuerpo policiaco conforme a los señalamientos y recomendaciones de los federales.  Y la meta es llegar a los acuerdos necesarios con el gobierno federal para transformar a nuestra policía cuanto antes. 

Ahora bien, la lucha contra el crimen es una responsabilidad compartida por las autoridades estatales y federales. 
Desde el principio de mi gestión he reclamado mayores recursos de todas las agencias federales de ley y orden que operan en la isla.  Más aún, si algo ha distinguido a esta administración es su buena coordinación y colaboración con los federales. El ejemplo más reciente es el “Strike Force” para procesar ante el tribunal federal a los que cometen delitos de violencia utilizando armas ilegales.  Después de todo, ¿qué le importa a la víctima de un crimen quién es el que arresta y procesa al delincuente?  Esto no es cuestión de federalizar la lucha contra el crimen, sino más bien de utilizar todos los recursos disponibles para proteger a nuestro pueblo.

Por último, debemos reconocer que todos tenemos que aportar en esta lucha.  La responsabilidad ciudadana comienza en el hogar.  Los padres tienen que darles un buen ejemplo a sus hijos, apoyarlos y estar pendientes de ellos.  Los jóvenes tienen que dedicarse a sus estudios, respetar a la autoridad y rechazar la vida criminal.  Y el gobierno tiene que propiciar un ambiente seguro y conducente a nuestro desarrollo socio-económico.  Todos tenemos que batallar mano a mano en la lucha contra la criminalidad.  

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