La batalla del ron

Columna - El Vocero

Por: Pedro R. Pierluisi

Comisionado Residente en Washington

El programa federal de reembolso del arbitrio al ron le ha servido bien a Puerto Rico y a las Islas Vírgenes de Estados Unidos.  Puerto Rico se ha beneficiado del programa desde 1917 y las Islas Vírgenes desde 1954.  Aunque la ley que autoriza el programa no le da directrices expresas a los territorios sobre cómo utilizar estos fondos, es obvio que el objetivo del programa es promover el desarrollo socioeconómico de ambos territorios.

Actualmente, el gobierno federal le impone un arbitrio de $13.50 a cada galón de ron importado a los Estados Unidos y le devuelve a Puerto Rico e Islas Vírgenes $13.25 de los fondos recolectados, distribuyéndolos entre ambos a base de su producción relativa. Del total de ese reembolso, $10.50 es devuelto por mandato de ley permanente y $2.75 requiere que el Congreso lo apruebe anualmente. En otras palabras, todos los años el Congreso pasa revista sobre el programa y decide si continúa devolviéndole prácticamente la totalidad de estos arbitrios a los dos territorios.

El gobierno de Puerto Rico siempre ha destinado la gran mayoría de los arbitrios del ron a su fondo general, así como a entidades que contribuyen al bienestar general de nuestra población, tales como el Fideicomiso de Conservación, la Autoridad para el Financiamiento de Infraestructura, el Fondo de Investigación, Ciencia y Tecnología.  En el pasado, sólo aproximadamente el 6% del reembolso que recibe Puerto Rico se ha utilizado para promover a nuestra industria del ron.

Mucho antes de que comenzara la presente administración, la compañía británica Diageo acordó con el gobierno de las Islas Vírgenes trasladar su producción del ron Captain Morgan de Ponce a Santa Cruz.  Como parte del acuerdo, el gobierno vecino se comprometió a construir una nueva planta destiladora para el uso exclusivo de Diageo y a extenderle toda una serie de beneficios contributivos y otros subsidios que representan casi la mitad de los arbitrios adicionales que recibirán las Islas Vírgenes como resultado del traslado de la producción.

Desde su origen, el acuerdo entre las Islas Vírgenes y Diageo puso en peligro la existencia del programa federal de rembolso del arbitrio al ron. Aunque los más altos funcionarios de las Islas Vírgenes insisten en que tienen total discreción en el uso de los arbitrios, ignoran que para muchos observadores están utilizando un programa federal para  propiciar un mantengo corporativo.  De igual manera, obvian el hecho de que los demás productores de ron—como ya ha sido el caso tanto en las mismas Islas Vírgenes como en Puerto Rico—no tienen alternativa a solicitar incentivos similares para poder competir con Diageo.

Durante el pasado Congreso, el Senador Bob Menéndez y este servidor presentamos legislación para limitar los incentivos  que pueden ser provistos con los fondos del programa a los productores del ron en ambos territorios. No obstante, enfrentamos la fuerte oposición tanto de Diageo como de las Islas Vírgenes. Y es que para colmo de males, los funcionarios de las Islas Vírgenes reclaman que también se comprometieron a defender los incentivos en el propio acuerdo. 

En este Congreso, el Senador Menéndez y yo hemos retomado el asunto, presentando legislación bipartidista en la Cámara y Senado federal que incluye cuatro reformas críticas al programa de rembolso del arbitrio al ron.  En primer lugar, nuestra legislación establece que los incentivos a los productores no podrán exceder del 15% de los fondos recibidos del programa.  La legislación también le exigirá a cada territorio que someta un informe anual al Tesoro Federal, detallando el tipo y la cantidad de asistencia provista a sus productores de ron.  Además, dado que Puerto Rico tiene una población de 3.8 millones y las Islas Vírgenes de 110,000 personas, el proyecto de ley faculta al Tesoro a velar porque los fondos sean distribuidos de forma equitativa entre ambos territorios; específicamente, la medida dispone  que Puerto Rico no podrá recibir menos del 65% ni más del 70% y que las Islas Vírgenes no podrán obtener más del 35% ni menos del 30% del total de los arbitrios recaudados. Finalmente, la legislación prohíbe el uso de los arbitrios rembolsados para que los productores del ron compitan contra productores de otros licores en Estados Unidos que no reciben este tipo de incentivos o subsidios. Por lo tanto, el propósito de la medida es validar y proteger el programa, al igual que propiciar una justa competencia entre las empresas licoreras.

La administración del Gobernador Fortuño ha incrementado sus esfuerzos de promoción de nuestros rones, ha provisto incentivos adicionales a nuestros productores y ha apoyado mi legislación a nivel federal. Por el bien de Puerto Rico continuaremos en la batalla del ron.

Pedro R. Pierluisi

Comisionado Residente en Washington

Por un trato justo en Washington

Por: Pedro R. Pierluisi - Comisionado Residente

Para: El Vocero

Representar a Puerto Rico en el Congreso de los Estados Unidos es una responsabilidad muy importante. Los intereses de nuestra isla en Washington tienen que ser velados a diario ya que el trabajo congresional impacta a los puertorriqueños en todos los frentes.

Desde el primer día de mi gestión en la capital federal comencé a luchar por la inclusión de Puerto Rico en el histórico Plan de Estímulo del Presidente Obama. Los logros obtenidos bajo la ley ARRA todavía están haciéndose sentir en nuestra isla con una inversión federal asignada de sobre $7 mil millones a todas las dependencias gubernamentales, instituciones sin fines de lucro y pagos a individuos. En el año fiscal 2009-2010 Puerto Rico recibió sobre $2,800 millones en fondos federales nuevos y en el año fiscal actual ya se han gastado más de $2,000 millones más. Este dinero ha generado sobre 48,000 empleos en los pasados dos años y ha logrado proteger los trabajos de decenas de miles de puertorriqueños. Y el estímulo federal continuará fortaleciendo nuestra economía por varios años hasta que concluyan los desembolsos pendientes.

La salud pública es otra área en la que hemos tenido grandes logros. La reforma de salud federal aprobada el año pasado triplicará los fondos federales para la salud en Puerto Rico durante los próximos ocho años. La ardua batalla para ese aumento incluyó llevar el reclamo de nuestro pueblo directamente al Presidente Obama. Este histórico incremento en fondos ha permitido a nuestro gobierno ampliar y mejorar la cubierta bajo el nuevo programa MiSalud, añadiendo a más de 100,000 beneficiarios e incluyendo nuevos servicios y tratamientos. Esto nos encamina a nuestra meta de que en Puerto Rico todos tengan un seguro de salud adecuado.

En el tema del estatus hemos visto grandes avances que adelantan la resolución de este centenario problema. La aprobación del H.R. 2499 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el margen sin precedente de 54 votos, la carta de los líderes de la Comisión de Energía y Recursos del Senado federal, los Senadores Bingaman y Murkowski, confirmando que debemos expresarnos en un plebiscito y que sólo existen las opciones identificadas en el H.R. 2499, y el Informe de Casa Blanca avalando un proceso plebiscitario en Puerto Rico y reconociendo esas mismas opciones enmarcaron los eventos que nos llevarán a que Puerto Rico vuelva a expresarse sobre este tema de la forma más democrática: en las urnas.

El Informe de la Casa Blanca también respondió a nuestros reclamos de mayor apoyo del gobierno federal a nuestra lucha contra el crimen, la aplicación completa del "child tax credit" en la isla, mayor acceso a fondos federales y un plan verde para Vieques, entre otras recomendaciones.

Y es que en Washington y en Puerto Rico hemos trabajado todos los temas que atañen a la calidad de vida de los puertorriqueños. Por ejemplo, la agresiva defensa del programa federal de devolución de arbitrios del ron, luego del acuerdo entre las Islas Vírgenes y la empresa DIAGEO a mediados del 2008, nos ha llevado a presentar legislación que protegerá los fondos que recibe nuestra isla, limitando razonablemente los incentivos que puedan recibir los productores del ron.

La lucha a favor de nuestros veteranos incluye haber logrado una directriz congresional para que el Departamento de la Defensa ofrezca el programa TRICARE Prime a los veteranos puertorriqueños, asignaciones extraordinarias para las mejoras en curso al Hospital de Veteranos en San Juan, la apertura o expansión de las clínicas regionales de la Administración de Veteranos en la isla, el futuro establecimiento de un Centro de Salud para nuestros veteranos del área sur y la ampliación del Cementerio Nacional, entre muchas otras medidas.

Por otro lado, hemos conseguido grandes asignaciones para proyectos del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos en Puerto Rico, hemos logrado incluir una disposición en la Ley de Reautorización de la Defensa a favor de la limpieza de la Playa Flamenco en Culebra, y hemos tenido una altísima productividad legislativa con 21 proyectos de ley presentados y 388 co-auspiciados, con varias medidas que tienen buena probabilidad de ser aprobadas, tales como el programa de intercambio de maestros, el aumento en el número de nominaciones para Academias Militares, y el programa de reclutamiento y retención de oficiales de ley y orden en áreas de alta incidencia criminal.

Asimismo, hemos visitado y atendido a la gran mayoría de los municipios de la isla, realizado foros para los alcaldes con agencias federales como el Cuerpo de Ingenieros y la USDA Rural Development, efectuado foros para empresarios con miras a que aumente su participación en contrataciones federales, creado un Comité Asesor Agrícola y auspiciado actividades con la USDA Farm Service Agency a favor de esa industria.

En fin, el cargo de Comisionado Residente es muy importante para el bienestar de los puertorriqueños porque todos los días hay que abogar por un trato justo en Washington.