Estátus: el próximo paso (Columna El Vocero pag. #30)

 Por: Pedro R. Pierluisi – Comisionado Residente

 Para: El Vocero

La discusión del tema del estatus permea el debate público en nuestra Isla a todo nivel.  Al abordar este tema tenemos que partir de la premisa de que hay unos hechos incuestionables que rigen los caminos de Puerto Rico.  Es un hecho que al día de hoy ya nadie disputa el derecho inalienable que tiene nuestro pueblo de escoger su destino político. También es obvio que de cara al futuro hay tres alternativas dignas al estatus actual de la Isla: la estadidad, la libre asociación y la independencia. Y todos conocemos que la única manera de cambiar nuestro estatus es logrando que nuestro pueblo reclame el cambio y que el Congreso de los Estados Unidos lo conceda.

Antes de las pasadas elecciones el Gobernador Luis Fortuño y todo el liderato del Partido Nuevo Progresista nos comprometimos a buscar el aval del Congreso para celebrar un plebiscito en la Isla.  Asimismo, propusimos que en caso de no obtener ese aval en un término razonable de tiempo consultaríamos directamente al pueblo. Cabe recordar que la última vez que nuestro pueblo tuvo la oportunidad de expresar su sentir sobre este centenario problema fue hace más de doce años.

Luego de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobara contundentemente el proyecto de ley H.R. 2499 que autoriza que el Gobierno de Puerto Rico celebre un proceso plebiscitario en la Isla, de que los dos líderes indiscutibles del Senado federal en la evaluación de este tema, los Senadores Bingaman y Murkowski, avalaran las cuatro opciones de estatus contenidas en el H.R. 2499, y de que la Casa Blanca hiciera lo propio, sólo nos resta llevar a cabo un plebiscito o referéndum que nos encamine debidamente hacia nuestro destino político final.   

Aunque son muchas las alternativas que tenemos a la hora de decidir cómo consultar a nuestro pueblo, es importante identificar y discutir las bondades de algunas de las opciones que pueden dirigirnos hacia la solución de este divisorio conflicto. 

En primer lugar, pudiéramos celebrar un plebiscito que presente dos preguntas a nuestros votantes bajo las mismas premisas del H.R. 2499:

¿Quiere que Puerto Rico mantenga su estatus actual?

¿Cuál de las siguientes opciones de cambio de estatus prefiere: Estadidad, Libre Asociación, o Independencia? 

Esta posible consulta tiene el atractivo de que todas las opciones de estatus se encuentran en la misma papeleta, por lo cual nadie pudiera cuestionar su validez y el resultado sería irrefutable.  Más aún, hacer ambas preguntas en una sola consulta le ahorraría tiempo y dinero a nuestro pueblo.

Por otro lado, se le puede pedir al pueblo que seleccione entre las cuatro opciones de estatus reconocidas tanto por el Congreso como por la Casa Blanca: la estadidad, el estatus actual, la libre asociación y la independencia.  En este posible plebiscito tampoco habría lugar para reclamos de exclusión y si cualquiera de las opciones recibiera el voto mayoritario de nuestro pueblo, el mensaje al Congreso no pudiera ser más claro. 

De igual forma, formular preguntas sobre aspectos medulares de nuestra relación con los Estados Unidos sería un ejercicio muy válido.  Por ejemplo, nuestros votantes pudieran contestar cualquiera de las siguientes interrogantes: 

¿Quiere ser ciudadano americano con los mismos derechos y obligaciones que tienen  los ciudadanos americanos que residen en los estados?

¿Quiere que Puerto Rico tenga una unión permanente con los Estados Unidos?

¿Quiere poder votar por el Presidente de los Estados Unidos?

¿Quiere tener representación con voz y voto en el Congreso?

Cada una de estas preguntas es perfectamente legítima y su contestación le permitiría al Congreso conocer de primera mano las aspiraciones de nuestro pueblo.

Por último, pudiéramos llevar a cabo un referéndum con el propósito de que nuestro pueblo le reclame al Congreso que nos ofrezca opciones de estatus que no sean territoriales o coloniales y que puedan darle punto final al dilema que hemos enfrentado desde el comienzo de nuestra relación con los Estados Unidos.  A la altura del siglo 21 sería prácticamente imposible que un reclamo de esta naturaleza cayera en oídos sordos en el Congreso.

Todas estas posibles consultas serían justas y democráticas, y adelantarían la causa de todos los que queremos lograr que Puerto Rico tenga un estatus político digno y permanente. Asumir nuestra responsabilidad innata de reclamar hacia dónde nos queremos dirigir como pueblo es algo que todos sabemos que tenemos que hacer.  Opciones tenemos de más. Hacer nada no es una opción. Consultar a nuestro pueblo es el próximo paso.

Puerto Rico: ejemplo de democracia

Puerto Rico tiene un historial democrático que es la envidia de la gran mayoría de los países del mundo.  Nuestra constitución es de avanzada y nuestra relación con los Estados Unidos nos asegura los derechos democráticos que tanto atesoramos.

El respeto y valor que tenemos por nuestro sistema democrático se demuestra cada cuatro años cuando salimos a votar en masa.  En promedio, el 80% de los votantes elegibles en la isla dan cátedra de democracia en nuestras elecciones libres.  Observadores internacionales vienen a Puerto Rico con frecuencia y elogian nuestro sistema electoral.  La Comisión Estatal de Elecciones cuenta con gran credibilidad, tanto en Puerto Rico como en la comunidad internacional, por la confiabilidad de su escrutinio y de sus procedimientos. 

Por otro lado, los derechos civiles de nuestros ciudadanos están más que protegidos.  Las dos constituciones que aplican en nuestra isla, la de los Estados Unidos de América y la de Puerto Rico, se basan en la defensa de los derechos que deben cobijar a todos los seres humanos.   Entre otros derechos fundamentales, las libertades de expresión, de prensa, de asociación y de culto están plenamente garantizadas en Puerto Rico. 

Pero aún más importante es el hecho de que las disposiciones en las dos constituciones que nos protegen no son letra muerta.  Los departamentos de justicia de Puerto Rico y de los Estados Unidos tienen divisiones que atienden específicamente casos de violaciones de derechos civiles.  A su vez, desde el 1965 Puerto Rico cuenta con la Comisión de Derechos Civiles que como organismo público se dedica a promover y a educar al pueblo “en cuanto a la significación de los derechos fundamentales de las personas y los medios de respetarlos, protegerlos y enaltecerlos”.  Y en la esfera federal existe su contraparte, la Comisión de los Derechos Civiles de los Estados Unidos, la cual sirve al público como una agencia independiente desde el 1957.

De igual forma, nuestro sistema judicial es dual, ya que los puertorriqueños pueden hacer valer sus derechos y cuestionar las leyes, reglamentos o acciones de su gobierno tanto en las cortes estatales como en las federales.  La mayoría de las reclamaciones de daños y perjuicios por violaciones de derechos civiles se amparan en la Sección 1983 del Título 42 del Código de las Leyes de los Estados Unidos que prohíbe todo tipo de discrimen o la privación de los  derechos garantizados constitucionalmente.  Esta sección cubre a Puerto Rico en igualdad de condiciones que a los estados de la nación americana.

Cada uno de los dos foros judiciales que tenemos a nuestra disposición le brinda al ciudadano la oportunidad de recurrir por derecho al tribunal y de apelar su sentencia si ésta no llena sus expectativas.  Aunque cualquiera de nosotros pudiera estar en desacuerdo con el resultado de cualquier proceso judicial, ninguno de nosotros puede negar que en Puerto Rico nos asiste el debido proceso.  Por regla general, cuando no prevalecemos en nuestros planteamientos ante los tribunales es porque nuestra acción o petición no tiene mérito. 

Al mismo tiempo, Puerto Rico goza de una prensa libre y vibrante.  La amplia cobertura que reciben en nuestros medios de comunicación todos los eventos noticiosos en nuestro entorno conlleva que a la prensa se le considere como el cuarto poder de nuestro sistema de gobierno.  Numerosos medios reportan los acontecimientos en la isla sin limitaciones ni mordazas.  De esta manera, nuestro pueblo se mantiene informado y recibe un análisis de nuestra realidad desde diversos puntos de vista.

Pero como todo en la vida, nada es perfecto.  Pueden surgir incidentes aislados y situaciones lamentables en las que fallemos como pueblo.  Y la verdad es que a veces podemos confundir la libertad con el libertinaje, ya que la libertad de uno no puede ser la privación del derecho de otro. 

Sin embargo, decir que en nuestra isla existe una crisis de derechos civiles es una falsedad, pues aquí todo ciudadano puede exigir y conseguir que se le respeten esos derechos.  Decir que Puerto Rico se asemeja a un país dictatorial es un insulto a nuestra gente, a su gobierno elegido libremente, y sobre todo, a los seres humanos que viven bajo abuso y represión real.  Sea quien sea el que diga eso no conoce la realidad de Puerto Rico o tiene una agenda política o ideológica. 

Al contrario, todos los puertorriqueños nos debemos sentir orgullosos de nuestra democracia.  Nuestras elecciones siempre son representativas del sentir de nuestro pueblo.  Tenemos no una, sino dos constituciones y no uno sino dos sistemas legales que definen y protegen nuestros derechos.  Y contamos con una prensa fiscalizadora que le permite al pueblo evaluar la gestión de su gobierno.

Puerto Rico es un ejemplo de democracia.